INICIATIVA DE
REFORMA AL ART.
27
CONSTITUCIONAL
En vista de la depredación impía, de la corrupción y de la traición a la
Soberanía Nacional de México, por parte funcionarios y de empresas multinacionales, habrá
que agregar, de parte de los ciudadanos y ejerciendo su potestad, un apartado
al Artículo 27 de nuestra Constitución.
Para ilustrar la materia de este fundamental artículo, trascribo
fragmentos en la que se plasma su
espíritu, para luego enfatizar en el complemento reformador.
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público
Corresponde a la nación los dominios directos de todos los recursos
naturales de la plataforma continental; de todos los yacimientos minerales,
vetas, mantos, masas, piedras preciosas; el petróleo y todos los carburos del
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
La explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se
trata, no podrá realizarse por particulares sino mediante concesiones, otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo
con reglas y condiciones que establezcan las leyes. (Derogable)
Tratándose de petróleo, carburos o minerales radioactivos, no se
otorgarán concesiones ni contratos. Corresponde
exclusivamente
a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las
sociedades mexicanas tienen derecho a adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones o para
obtener concesiones de explotación de minas
y aguas.
En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de
cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el
dominio directo sobre tierras y aguas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
AGREGADO
reformador.
Por lo tanto, es urgente que en defensa de nuestro patrimonio y de la
soberanía nacional, que tanto ridiculizan y se burlan los siervos del
liberalismo globalizador del capitalismo; prohibamos que se sigan privatizando
o extranjerizando los bienes de la nación.
La riqueza del subsuelo, los energéticos, las vetas, las minas,
las playas, las costas, los desiertos, las selvas, los bosques ya han estado
pasando a manos de empresas multinacionales, despojando de su original
patrimonio al pueblo mexicano, contraviniendo el espíritu de nuestra
Constitución
Se hace pues, necesario prohibir tajantemente a cualquier instancia,
poder, funcionario público o autoridad gubernamental hacer concesiones,
negocios, contratos, tratados, convenios o arreglos que comprometan el
patrimonio de la nación, ya que este pertenece incontrovertiblemente al pueblo
de México.
Ningún funcionario, incluyendo al Primer Mandatario de la Nación, está
facultado para negociar, concesionar, vender o rentar, dar permisos de explotación
o hacer tratos con los bienes públicos; para discutir estos temas se hace
indispensable el debate, el consenso y la consulta al soberano.
Habrán de encontrarse esquemas de financiamiento justo y sano para el
aprovechamiento, en bien del pueblo mexicano, de los recursos y riquezas que
reserva el espíritu constitucional.
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